El pasado mes de abril, UNESCO presentaba el Informe de la Educación para Todos (EPT) 2015 Logros y desafíos. No podemos negar que ha habido avances, pero insuficientes. Según datos del informe, sólo uno de cada tres países del mundo ha alcanzado la totalidad de los objetivos de la Educación para Todos, y tan sólo la mitad de ellos lograron el objetivo en el que se centraba la máxima atención: la escolarización universal de todos los niños y niñas en edad de cursar la enseñanza primaria.
Esto significa que en 2015 todavía hay 58 millones de niños y niñas sin escolarizar, otros 100 millones de niños y niñas en el mundo que no podrán terminar sus estudios de primaria y que muchos de los que la terminan no adquieren las competencias básicas por la mala calidad de la enseñanza. Se siguen necesitando cuatro millones de docentes para lograr la escolarización de todos los niños y niñas en edad de cursar Primaria. Además, un tercio de los niños y niñas sin escolarizar viven en zonas azotadas por guerras y conflictos. Otros 63 millones de adolescentes siguen sin escolarizar. Casi 781 millones de adultos tienen competencias deficientes en lectura y escritura y así podríamos seguir ampliando la retahíla de datos desalentadores...
Entre otros motivos, como bien señala el informe, la educación sigue estando insuficientemente financiada. Muchos gobiernos han incrementado el gasto educativo, pero son pocos los países en vías de desarrollo que asignan el 20% recomendado de sus presupuestos nacionales. Algo similar ocurre con los donantes, que no sólo han reducido en la mayoría de los casos el presupuesto de Ayuda Oficial al Desarrollo —en el caso de España hemos pasado del 0.49% en el año al 2009 al 0.14%PIB en 2014—, sino que han reducido desde 2010 su apoyo a la educación (en España hemos pasado del 10.6% del total de AOD destinado a educación en el año 2011, al 6.8% en el 2013 ). La educación es un derecho humano fundamental reconocido y los gobiernos tienen la obligación de garantizarla. En concreto, los gobiernos tienen la responsabilidad de proporcionar fondos suficientes para una educación equitativa, inclusiva y de calidad y el aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos y todas.
Fuente: Graciela Rico





